La Verdad Sin Malicia
Santo Domingo, R.D- En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, solicitó públicamente la entrega del fugitivo José Antonio Figuereo Bautista, alias «Kiko La Quema», desatando una ola de críticas sobre su estilo de liderazgo y la eficacia de sus decisiones.
Hace varios días, el mandatario expresó su petición directa a La Quema, destacando la necesidad de que se entregue a las autoridades para enfrentar la justicia. Sin embargo, esta acción ha generado controversia, ya que algunos consideran que el presidente debería delegar este tipo de tareas a sus subalternos en la Policía Nacional, la institución encargada de llevar a cabo arrestos.
La solicitud directa del presidente ha sido interpretada como una muestra de debilidad y falta de gestión, cuestionando por qué Abinader no confía en los procedimientos establecidos y deja que la policía realice su trabajo sin intervenciones presidenciales.
Criticos sugieren que Abinader debería centrarse en cuestiones más estratégicas y dejar las operaciones policiales en manos de profesionales, argumentando que la intervención directa del presidente en casos específicos podría comprometer la independencia y eficacia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Además, se ha cuestionado la calidad de asesoramiento que recibe el presidente, sugiriendo que necesita un equipo de asesores más competente y estratégico. La opinión general es que la función de un presidente no debe incluir la de un vocero de la policía, y que estas tareas deberían ser manejadas por los expertos en seguridad.
La figura de Kiko La Quema ha sido centro de polémica en San Cristóbal, con denuncias de complicidad por parte de diversas autoridades. La relación entre La Quema y figuras de poder ha sido objeto de especulación y críticas, generando un ambiente de desconfianza en la capacidad del sistema judicial para abordar casos de alto perfil.
En medio de este escenario, la llamada a una revisión de la gestión y asesoramiento del presidente Abinader se intensifica, con la esperanza de que se fortalezca la confianza en las instituciones y se restaure la credibilidad en el sistema de justicia de la República Dominicana.
