La Verdad Sin Malicia
Santo Domingo, D.N.
La magistrada Kenya S. Romero Severino, jueza Coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en funciones de Jueza de la Instrucción, para Medidas Escritas, ordena a la Superintendencia de Bancos (SB), Superintendencia de Valores (SV), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de Seguros, Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP), proveer a La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los reportes e informes de los productos financieros, así como de todas las informaciones tributarias, incluyendo todas las informaciones en el sistema financiero relacionadas a 209 personas físicas y jurídicas.
En la extensa instancia de solicitud de autorización judicial para la obtención información financiera suscrita por Wilson Camacho Peralta, en calidad de Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), figura un hijo del mayor general retirado y presidente de la Reserva Policial, Mariano Made Ramírez, identificado por el PEPCA como Eddy Michel Made Montilla, quien es coronel de la Policía Nacional, relevado por la Dirección General de la Policía el 23 de agosto, 2022, como Director de la Policía Escolar, desde la gestión de Roberto Furcal Encarnación.
En la solicitud de 18 páginas planteada por el PEPCA ante la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en sus funciones de Jueza de la Instrucción, el pasado 16 de febrero, 2022, el coronel de la Policía Nacional Eddy Michel Made Montilla, figura entre las 209 personas físicas y jurídicas en la casilla siete.
Señala que inicio una investigación a raíz de un informe de Investigación Especial presentado por la Contraloría General de la República (CGRD), de fecha 23 de septiembre del año 2021, sustentado en datos e informaciones extraídos de los sistemas internos de la Contraloría General de la República e informaciones certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Dirección General de Impuestos Internos, entre otras instituciones.
Explica que en el levantamiento realizado por la Contraloría fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de supuesta deuda pública, por concepto de expropiación de terrenos, por la suma de Catorce mil cien millones de pesos, por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que se pagaron la suma RD$12,540,449.339.27 en un periodo de seis meses, entre enero a julio, 2020, determinando la afectación al patrimonio público superior al indicado por Contraloría.
